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Martes, 29 Noviembre 2016 16:05

Consulta y Participación: Piedra Angular del Convenio Nº 169 Destacado

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La consulta y participación son principios fundamentales de la gobernanza democrática y del desarrollo incluyente. Si bien la consulta y la participación son objetivos importantes por sí mismos, son también el medio por el cual los pueblos indígenas pueden participar plenamente en la adopción de las decisiones que le afectan.


El Convenio Nº 169 introdujo disposiciones sobre consulta y participación para eliminar el enfoque integracionista del anterior Convenio Nº 107. Por consiguiente, la consulta y participación  son derechos que no sólo se atribuyen a los pueblos indígenas. La consulta es un principio fundamental que se encuentra en todos los demás convenios de la OIT (Oficina Internacional del Trabajo), los cuales disponen la consulta entre los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con todos a quienes interesa un convenio determinado. En este sentido, el Convenio Nº 169 no es una excepción, sino que afirma el requisito de consultas específicas con los pueblos indígenas.


El requisito general de consultar a los pueblos indígenas se encuentra en el Artículo 6 del Convenio Nº 169.  Además, el Convenio subraya particularmente la necesidad de consultar en ciertas circunstancias que incluyen: la consulta previa a la prospección o la explotación de los recursos del subsuelo, y la reubicación y enajenación de tierras.


Lo anterior resulta conforme con la experiencia de la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) quien destacó en su observación general de 2009 dos principales desafíos:

 

  • Garantizar que se realicen consultas apropiadas antes de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas y tribales.
  • Incluir disposiciones en la legislación que requieran consultas previas como parte del proceso en el que se determina si se otorgarán concesiones para la explotación y prospección de recursos naturales.

 

Los pueblos indígenas tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía de participar en la vida democrática general del Estado y de votar en dichos procesos. Asimismo, los Estados tienen la obligación de realizar consultas específicas y de garantizar la participación de los pueblos indígenas, siempre que se consideren medidas que los afecten directamente.

 

En el contexto del Convenio Nº 169, la obligación de garantizar consultas adecuadas recae clara y explícitamente en los gobiernos y no en personas o empresas privadas. En algunos casos, los gobiernos pueden delegar la aplicación práctica del proceso de consulta a otras entidades. El Convenio estipula que los pueblos indígenas deben ser consultados a través de sus instituciones representativas tomando en cuenta las características del país, las especificidades de los pueblos indígenas y el tema y el alcance de la consulta, se puede determinar cuáles son las instituciones representativas.

 

“Si no se desarrolla un proceso de consulta adecuado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales verdaderamente representativas de las comunidades afectadas, la consulta encaminada no cumpliría con los requisitos del Convenio” (Consejo de Administración, 282º Reunión, 2001, GB 282/14/2).


El requisito de que las consultas se lleven a cabo mediante procedimientos apropiados implica que las consultas deben tener lugar en un clima de confianza mutua. En general, es necesario que los gobiernos reconozcan a las organizaciones representativas y ambas partes deben procurar llegar a un acuerdo, efectuar negociaciones genuinas y constructivas, evitar demoras injustificadas, cumplir con los acuerdos pactados y ponerlos en práctica de buena fe.

 

El concepto de participación está vinculado estrechamente al de consulta. De manera general, el Convenio Nº 169 establece en el artículo 6, que los gobiernos deberán “establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.

 

Por lo tanto, el Convenio reconoce que los pueblos indígenas se encuentran a menudo en una posición de desventaja, lo que impide su participación equitativa. Esto ocurre, por ejemplo, en los numerosos casos en los que a los pueblos indígenas, y en particular a las mujeres, no se les reconoce la ciudadanía o no se les otorgan documentos de identidad, que permitirían su participación en procesos electivos.

 

Lo anterior implica que los pueblos indígenas no deben dar a conocer únicamente su reacción y ser capaces de influir sobre las propuestas iniciadas desde el  exterior, sino que deben participar activamente y proponer medidas, programas y actividades que construyan su desarrollo. La participación significa asimismo más que una mera consulta y debe llevar a la apropiación de las iniciativas por parte de los pueblos indígenas. En este sentido los conceptos entrelazados de consulta y de participación son los mecanismos que aseguran que los pueblos indígenas puedan decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y controlar su propio desarrollo económico, social, cultural y ambiental.

 

REFERENCIAS:

 

  • CONVENIO  núm.  169  DE  LA  OIT. C169 (1989) "Convenio sobre pueblos indígenas y tribales"
  • Boutros-Ghali, Boutros (2001), “El año internacional de las poblaciones indígenas” en Patricia Morales  (coord.), Pueblos  indígenas,  derechos  humanos  e  Interdependencia  global, trad. Ana María Palos, México.
  • Martínez C., José (1999), Citado por Assies, Willem. “Pueblos indígenas y reforma del estado en América Latina” en Assies, Willem, Gemma van der Haar y André Hoekema (eds.), El  reto  a  la  diversidad.  Pueblos  indígenas  y  reforma de  estado  en  América  Latina, México: El Colegio de Michoacán.
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